El reinado de Juan Carlos

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A la muerte de Francisco Franco, de acuerdo con la Ley de sucesión, se reunieron las Cortes donde el Presidente del Consejo del Reino hizo el pronunciamiento oficial: “En nombre de las Cortes y del Consejo Reino proclamamos rey de España a don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I”.Con estas palabras históricas se abría un nuevo capítulo en la historia de la nación española.

El rey Juan Carlos comenzó su reinado en aparente continuación de las estructuras políticas anteriores , todavía jurando fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento y formando su primer gobierno de acuerdo con las normas establecidas por el difunto dictador Arias Navarro, que, aunque había sido activo en la política del régimen de Franco ya incluyó en su Gobierno personajes que habían mostrado un distanciamiento de él e inició además unos intentos de modificación del sistema político vigente.

La vida política de la nación durante este primer gobierno se caracterizó por un forcejeo entre los poderes establecidos, que buscaban una implantación progresiva de medidas democráticas, y una oposición, que intentaba acelerar los cambios. Así, los meses que siguieron estuvieron ya marcados por una gran actividad política. En marzo de 1976 los partidarios de la oposición, Junta Plataforma, se unieron en un frente único de oposición, llamado Coordinación Democrática, mientras que en las calles de las grandes ciudades comenzó una intensa actividad política con movimientos de masas, trabajadores y estudiantes.

Pronto, la credibilidad del nuevo Gobierno se basó en su capacidad, por una parte, de controlar una posible tiranía de la oposición política; por otra, del establecimiento rápido de las reformas que el Rey había manifestado ser su proyecto primordial, y entre las que figuraban la amnistía de prisioneros políticos y la legalización de partidos. El nuevo gobierno concedió ambos, y, durante la primavera de 1976, los principales partidos políticos y sindicatos laborales fueron legitimados y, unos meses más tarde, fue promulgado un decreto de amnistía por el que se pusieron en liberad los prisioneros todavía encarcelados.

El rey mismo mostró desde el principio la fuerza mayor en la transformación política de la nación. Durante una visita a los Estados Unidos durante el verano de 1976, en su discurso al parlamento norteamericano proclamo abiertamente los ideales democráticos de su reinado. Para acelerar su realización, durante el mismo verano pidió y aceptó la dimisión de Arias Navarro, nombrando como sucesor a Adolfo Suárez.

El nombramiento de Adolfo Suárez fue recibido con desconfianza en el extranjero y en algunos círculos españoles, que veían en él solamente la continuidad con el régimen de Franco. Pues, aunque se había manifestado siempre decidido defensor de la liberalización jurídica, de la legalización de los partidos políticos y de la autonomía de las regiones, se había distinguido también como miembro de las Cortes durante el régimen de Franco en el que sirvió como secretario del Movimiento Nacional en 1975. Sin embargo, resultó ser uno de los aciertos más grandes del Rey, ya que encontró en él una gran ayuda en el proceso de liberalización de las instituciones políticas de España. A pesar de su posición política conservadora, en su gobierno ya no tomaron parte los miembros más identificados con la ideología y la política autoritaria del régimen de Franco. La contribución más importante de Suárez fue establecer las bases de la nueva Monarquía parlamentaria y constitucional. Fue posible, gracias, en parte, al tacto personal y prestigio político de Suárez, que representaba para grandes sectores de la población al mismo tiempo la continuidad y el cambio.

Uno de los proyectos de mayor importancia adoptados por el nuevo Gobierno fue la redacción de una Ley de reforma que sirviera de puente entre las dos situaciones políticas. La Ley aprobada por las Cortes por una gran mayoría en septiembre de 1976, determinaba la existencia de dos Cámaras, una de Diputados del Congreso con 350 diputados, y un Senado, con 207 miembros elegidos y 41 designados por el Rey. La ley, presentada a la Nación en referéndum, fue aprobada en 8 diciembre del mismo ano.

Durante todo este tiempo, la política del nuevo Gobierno tuvo que enfrentarse con la crítica abierta de algunos mandos del Ejército y personalidades políticas de ideología autoritaria, que se resistían a aceptar los cambios y las reformas que se iban proponiendo. Estos, sin embargo, sin la autoridad de Franco o el apoyo de una ideología popular que les justificara, tuvieron que ceder ante la actitud decidida del rey n favor de las medidas introducidas por su Gobierno.

La legalización de los partidos políticos y la liberalización de la vida nacional sufrió su primera crisis importante ya en 1976 con la negativa del Gobierno a legalizar el Partido Comunista Español, de acuerdo con la ley , aprobada el mismo año, que prohibía los partidos que ‘’sometidos a una disciplina internacional , intentan implantar un sistema totalitario’’. Esta decisión, que los jefes de otros partidos se negaron a aceptar, ce complicó con el arresto de Santiago Carrillo, secretario general del Partido, que había entrado ilegalmente en España .Ambos problemas se solucionaron con la puesta en libertad de Carrillo y la liberalización de la ley de manera que pudiera incluir el PCE, el cual fue reconocido en como legal en abril de 1977. Con esta ley quedaron legalizados todos los partidos y organizaciones de la izquierda.

Gran importancia tuvo también el decreto-ley de 18 de marzo de 1977 por el que se convocaban elecciones generales para las Cortes, ya que en realidad iban a ser unas cortes constituyentes, puesto que su tarea más importante sería la formulación de un proyecto para una nueva Constitución.

Durante este tiempo, la inflación, que había sido ya considerable en los años anteriores, se hizo alarmante, amenazando el bienestar conseguido por la clase media y empujando a los trabajadores de nuevo hacia la pobreza. Estos últimos, sobre todo, manifestaron a lo largo del año con una serie de huelgas de importancia y número sin precedente, que agravaron todavía más la situación económica y social de España 1.

1 En 1977, según fuentes oficiales, las huelgas afectaron a más de cinco millones y medio de obreros con una pérdida de casi 150 millones de horas de trabajo.

En el campo político numerosos grupos se apresuraron a conseguir su legalización, con el resultado de que, a principios de la campaña electoral Su número llegaba a 52, la mayoría de los cuales no tenían una ideología

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